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Cassio Sagawa El derecho laboral es, sin duda, una de las áreas que más profundamente determinan las acciones de Recursos Humanos. Cuestiones como el tipo de jornada laboral, las vacaciones, los tipos de despido y un largo etcétera han de gestionarse ajustándose cuidadosamente a lo que dictamina a la ley.
Los elementos que hemos enumerado, sin embargo, son sólo las más habituales y tradicionales. En los últimos años, el derecho laboral ha puesto su atención en temas diversos. Entre ellos, el control horario, el derecho a la desconexión laboral, la conciliación laboral…
Un rosario de temas que ya exigen de Recursos Humanos un esfuerzo suplementario. En este artículo abordamos cuáles son las cuestiones que están centrando el debate en torno al derecho laboral. Y cuáles ya están recibiendo la atención legislativa. Tanto que está previsto que, a corto o medio plazo, se concreten en forma de ley. Aunque también nos detenemos en las áreas que están generando jurisprudencia. Sin olvidar las están centrando los esfuerzos de Inspección de Trabajo.
- 1. El tipo de contrato y derecho laboral
- 2. La utilización de algoritmos en el despido de personal
- 3. El derecho a la desconexión digital
- 4. La conciliación laboral
- 5. El salario mínimo
- 6. Inclusividad, igualdad y no discriminación
- 7. Tendencias tecnológicas en los Recursos Humanos
- 8. El derecho laboral y la salud mental
El tipo de contrato y derecho laboral
La existencia de diversas modalidades de contrato lleva siendo un tema candente desde hace tiempo De hecho, en España ya resulta familiar la expresión «contrato de trabajo único» que está sobre la mesa de la agenda política desde hace unos años.
La modalidad de contrato que más discusión está recibiendo en estos momentos es el contrato por obra y servicio. De hecho, actualmente se está elaborando un borrador de ley que establece la eliminación del contrato por obra y servicio como modalidad de contratación no indefinida del Estatuto de los Trabajadores. El propósito es que esta modalidad de contrato se incluya como causa de contratación productiva u organizativa. Es decir a las contrataciones por incrementos puntuales de la actividad empresarial. Y a la sustitución de una persona con derecho a reserva del puesto de trabajo.
La utilización de algoritmos en el despido de personal
La incorporación de algoritmos en la gestión de Recursos Humanos es, de hecho, una de las áreas en las que la transformación digital tendrá unos efectos más polémicos. Esto es así dado que los algoritmos ya pueden ayudar a definir que empleado puede ser promocionado o incluso despedido. Todo ello sin contar las opciones que brindan a la hora de realizar una evaluación del desempeño.
Todo ello ha propiciado que desde el derecho laboral se considere que un uso indiscriminado de estas tecnologías innovadoras pueda significar un menoscabo de los derechos fundamentales. Por ello la Unión Europea ya ha tomado cartas en el asunto. Concretamente, proponiendo un Reglamento en el que se establezca un marco legal para el uso de estos algoritmos.
De hecho, el uso de algoritmos ya ha tenido su efecto en la legislación española. Concretamente en la conocida como Ley Rider. Una ley que obliga a convertir a los riders en empleados. Aunque también introduce la siguiente obligación en cuanto a los algoritmos. La podemos encontrar en la sección d) del Artículo 64.4 del Estatuto de los Trabajadores:
Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.
El derecho a la desconexión digital
Todos los avances tecnológicos experimentados en los últimos años han puesto de relieve la importancia del derecho a la desconexión digital. En España esta preocupación ya fue expresada en el Real Decreto-ley 3/2018. Se trata de un derecho cuya observación conviene que sea meticulosa. Especialmente porque que implica fuertes multas y pueden vulnerarse con si quebranto varios derechos. Son los siguientes:
- –Transgresión de los límites acordados en la jornada laboral: Considerada falta muy grave que acarrea multas de entre 629 y 6.250 €.
- –Comisión de infracción grave por incumplimiento de normativa de riesgos laborales: Especialmente por los trastornos psicosociales que puede implicar. Se considera infracción grave y acarrea multas de hasta 40.895 €.
- –Vulneración del derecho a la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores: Considerada falta muy grave con multas de hasta 187.515 €.
Además, con el interés en la salud mental surgida con motivo de la pandemia, los legisladores ya han anunciado la intención de elaborar una ley que proteja este aspecto. Por tanto, es previsible que la observación del derecho a la desconexión digital pueda recibir en el futuro mayor fiscalización.
La conciliación laboral
La conciliación laboral ha recibido gran atención legislativa en los últimos años. Buena prueba de ello ha sido la equiparación del permiso de paternidad y el permiso de maternidad. Sin embargo, el Gobierno se ha propuesto ahondar en esta senda. Concretamente, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha anunciado una próxima Ley de Diversidad Familiar. Un texto legal que pretenderá dar respuesta legal a las diferentes necesidades que los diversos modelos de familia puedan experimentar. Entre ellos se encontrarán medidas de conciliación y de corresponsabilidad laboral y familiar.
El salario mínimo
Un asunto que ha acaparado buena parte de la actualidad española durante el verano de 2021. Y es que el Gobierno aprobó en septiembre la subida del salario mínimo a 965 €. La tendencia en la subida del salario mínima ha sido sostenida y continuada en los últimos años en España. Ya se produjo en la anterior legislatura de Mariano Rajoy. Y en la actual presidida por Pedro Sánchez. De hecho, se ha subido hasta en 3 ocasiones. En 2019 (900 €), en 2020 (950 €) y en 2021 (965 €).
Con todo, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que tiene la intención de que se produzca una nueva subida en 2022. El objetivo manifestado por Díaz es que escale a los 1000 €. De momento no sabemos si se producirá o en qué condiciones, aunque es previsible que la subida del salario mínimo seguirá siendo uno de los “hot topics” del derecho laboral en los próximos años.
Inclusividad, igualdad y no discriminación
La inclusividad es uno de los pilares del employer branding, pero también del derecho laboral. De hecho, como te comentábamos en nuestro artículo sobre los tipos de despido, si se aprecia discriminación en un despido, éste será declarado nulo. Habitualmente se piensa que esta nulidad se produce en casos de que los despidos sean de mujeres embarazadas. Sin embargo, la no discriminación va mucho más allá de eso.
De hecho, recientemente el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid declaró nulos unos despidos por considerar que se basaban en la discriminación por edad. También recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictaminado que una empresa no puede despedir de manera continuada y general a empleados que hayan estado, estén o puedan estar enfermos. De hecho, el magistrado ha considerado que esta práctica contraviene el derecho a la integridad física consagrado por el Artículo 15 de la Constitución Española. Un artículo que establece de manera clara que este menoscabo de la integridad física puede llevar a situaciones de segregación.
Asimismo, también está previsto que se siga ahondando en la reducción de la brecha salarial. Y también del techo de cristal en lo referente a las empleadas.
La calificación jurídica de los autónomos y el derecho laboral
La controversia en torno a los autónomos se remonta a la crisis económica del 2008. Crisis que hizo aflorar en España una gran variedad de irregularidades en torno a la figura del trabajador por cuenta propia. La más habitual era el forzar al empleado a darse de alta de autónomo para ahorrar costes salariales. Ello ha provocado que la detección de situaciones de “falso autónomo” sea una de las tareas en las que Inspección de Trabajo centra muchos esfuerzos.
El derecho laboral considera que, además de un menoscabo de los derechos laborales, se produce un fraude a la Seguridad Social. De hecho, si una empresa adeudara más de 50.000 € en cotizaciones en los últimos 4 años, se enfrentaría a un delito penal.
Asimismo, la fiscalización de cuál es el estatus real de los autónomos en las empresas tuvo su hito en la Ley Rider. Un texto legal que obliga a empresas tecnológicas basadas en la economía colaborativa a contratar a los autónomos. Trabajadores por cuenta propia que constituían una parte sustancial de su fuerza de trabajo.
En el contexto de flexibilidad y teletrabajo que define el mercado laboral actualmente, el autónomo es un perfil interesante. Es, por tanto, previsible que a corto o medio plazo continúe el debate en torno a su consideración jurídica en el derecho laboral. Y también la reflexión sobre cómo gestionar los autónomos en una empresa.
El derecho laboral y la salud mental
Como mencionábamos, la salud mental ha atraído la atención de los agentes políticos y sociales a raíz de la pandemia. Los graves trastornos psicológicos que produjo en la población la crisis sanitaria y los confinamientos han colocado esta necesidad en primera línea de la agenda. Es por ello que el Gobierno de España ha anunciado recientemente la elaboración de un borrador sobre una Ley de Salud Mental. Hasta donde se ha podido saber por el momento, la ley irá encaminada a mejorar las prestaciones sanitarias.
Sin embargo, sí que hay que destacar que Inspección de Trabajo ha puesto mucho énfasis en la salud mental. Aunque en la nomenclatura de Inspección de Trabajo se integra en la más amplia categoría de riesgos psicosociales, situaciones como el estrés y el síndrome de burnout están contemplados. En el Criterio Técnico 104/2021 puedes consultar todas las claves.